H. Suprema Corte de Justicia de la Nación
PRESENTE
Para las negociaciones de la ley, los integrantes de la Conferencia Parlamentaria invitaron a representantes de los tres niveles de gobierno, a empresas y cámaras empresariales del ámbito de la comunicación, también a instituciones académicas y colegios interesados en el sector, para que hicieran una serie de propuestas, algunas sin considerar la observancia de la ley o bien las repercusiones sociales de estas. Ante esto la pregunta es: ¿cuándo se le preguntó a la ciudadanía?. Por ello, los abajo firmantes, alumnos, profesores y administrativos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, nos manifestamos a favor de un estudio exhaustivo apegado a derecho y a una realidad social, de la ultima reforma promulgada en el diario oficial de la federación el 11 de abril del 2006, la cual entrara en vigor a partir del 1 de enero del 2007 que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, ya que nosotros como estudiosos de la comunicación social del país y ciudadanos mexicanos, queremos y necesitamos acceder a medios de comunicación dedicados a informar, educar y entretener, fundamentados únicamente en la veracidad, objetividad e imparcialidad de los hechos.
Por lo que consideramos necesario la elaboración de este documento que solo trata de demostrar un enfoque académico y ciudadano basado en nuestra necesidad de conocer el desarrollo y la futura resolución dada por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al escrito inicial de demanda, por acción de inconstitucionalidad, de la Ley Federal de la Radio y la Televisión, que sabemos fue enviado el día 4 de mayo del 2006, por 47 Senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso de la Unión, que contiene un exhaustivo estudio jurídico que señala una serie de violaciones a la Constitución.
A continuación, por medio de este documento, que contiene 7 puntos que consideramos importantes, hacemos de su conocimiento nuestro amplio interés por conocer la resolución que emitirá la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CONSIDERANDOS
1. Conforme a la serie de consultas a una amplia variedad de especialistas, académicos, comunicadores e instituciones, estos se pronunciaron por no aprobar dichas reformas, por considerar que se concretó uno de los mayores despojos (otro, después del FOBAPROA) a la nación mexicana del que se tenga memoria en la historia reciente, ya que contiene graves contradicciones jurídicas, condena a los demás medios públicos y comunitarios a su extinción y se legaliza la exclusión de los medios más desfavorecidos.
2. Por proteger, en exclusiva, los intereses de las empresas que controlan la telecomunicación en México, a la nueva Ley Federal de Radio y Televisión se le bautizó con el nombre de “Ley Televisa”, por lo que nace como protectora de los monopolios, violatoria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo primero señala “En los estados unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las practicas monopolicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a titulo de protección a la industria.”.
3. No toma en cuenta la pluralidad de la sociedad y menos aún, el papel que han venido desempeñando las universidades públicas, al tratar de contar con sus propios medios de comunicación, en pro de una enseñanza objetiva en la materia y exigir dentro de los medios ya existentes, que los encargados de la difusión informativa y de entretenimiento en los medios masivos, cuenten con los estudios necesarios, suficientes y avalados por un titulo universitario expedido por la Secretaria de Educación Publica.
4. La Ley de Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones no contribuyen al fortalecimiento de la integración nacional, ya que queda excluida de toda oportunidad la radio comunitaria e indígena, quedando clara la violación al articulo 1° Constitucional, en su párrafo 3° que a letra dice, “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el genero, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas ”. Estableciendo una franca barrera entre los protegidos por el gobierno Federal (Legislativo y Ejecutivo), y los marginados del sistema político-empresarial. Así mismo también se ve violado el articulo 2° Constitucional en su apartado B fracción VI, la cual señala “Extender la red de comunicación que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y paliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen”.
5. Por ello, se deben otorgar concesiones a los restantes sectores de la población, incluyendo indígenas, y sin olvidar a los alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social, en las distintas instituciones educativas del país. Inclusive, el Estado debería preocuparse por apoyar a estos últimos sectores para mitigar los costos sociales en que incurren.
6. La industria de la radio y la televisión, por lo fundamental que es en el desarrollo de la opinión pública, no solo debe contemplar en su producción, el entretenimiento, ni la información objetiva, la cual no se ve lograda gracias a la obtención de lucro, y no solo por los costos que tienen que afrontar, ya que no tiene límites de ganancia dentro de la ley, según lo establecido por la Ley Federal de Radio y televisión en el Capitulo Segundo, Tarifas, articulo 53 que a la letra dice “La Secretaria de Comunicaciones y Trasportes fijara el mínimo de las tarifas a que deberán sujetarse las difusoras comerciales en el cobro de los diversos servicios que les sean contratados para su transmisión al publico” quedando clara la violación a la Constitución en su articulo 28 párrafo 3° que a la letra dice: “Las leyes fijaran bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular así como para imponer modalidades de la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciara su organización para el manejo ciudadano de sus intereses”. También es necesario impulsar el desarrollo de la tecnología, siempre y cuando, ésta sea utilizada con prudencia y responsabilidad para así poder servir como una herramienta de propagación del conocimiento, la ciencia, el humanismo, la literatura, etc.
7. Cualquier ley relacionada en Telecomunicación debe fomentar que la ciudadanía reciba información clara, amplia, objetiva y precisa sobre los fines sociales que se persiguen en un momento de interés nacional determinado claro ejemplo de esto lo son las elecciones presidenciales, que se llevaran a cabo el próximo 2 de julio del presente año, haciendo énfasis que la Constitución en su articulo 41, fracción II párrafo 1° señala que “la ley garantizara que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicacion social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalara las reglas a las que se sujetara el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”, lamentablemente nos queda claro que la Ley de la Radio y la Televisión no garantiza que todos los partidos políticos cuenten con presencia equitativa en los medios de comunicación ya que no se cuneta son un máximo en sus tarifas si no solo con un mínimo y así la ciudadanía no tiene un equilibrio informativo que le de herramientas suficientes para tomar una decisión adecuada y así poder integrarse a la vida democrática del país y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por lo que consideramos que el Instituto Federal Electoral debe impedir los contratos que sean un negocio para las televisoras y radiodifusoras, toda vez que por ley, los medios están obligados a otorgar espacios gratuitos para que el gobierno se dirija a la ciudadanía; en su defecto, tendría que ser el IFE quien contrate esos tiempos, porque de lo contrario, las principales empresas de telecomunicación del país serán las únicas beneficiadas.
CONCLUSIONES
1. Con una amplia intervención de la ciudadanía en los medios de comunicación, ésta llegará a ser participativa, no excluyente, como se plantea hasta ahora.
2. El Ejecutivo Federal no debe asignar tales prerrogativas a los presidentes de las Cámaras ni a los detentadores de los monopolios de los medios de comunicación. La Ley al respecto debe prever la existencia de un organismo autónomo encargado de regular tal situación, que en este caso no debe ser la Cofetel.
3. No puede haber competencia donde sólo unos pocos cuentan con el capital necesario para invertir en infraestructura.
4. La Radio y la Televisión difunden al ciudadano el consumo: lo ven como consumidor antes que ciudadano.
5. Se necesitan medios de comunicación abiertos, con contenido democrático dirigido a un público participativo. Es increíble que se maneje el discurso de la necesidad de una ley de transparencia y acceso a la información publica para sustentar la democracia del país, aprobada en el 2002, y por el otro lado se apruebe una ley que solo beneficiara a unos cuantos 4 años después. La incongruencia es el reflejo de los intereses de unos cuantos, detrás de este discurso. Así como el acceso a la información, queremos acceso a la comunicación.
ATENTAMENTE: Los alumnos, padres de familia, profesores y administrativos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
PRESENTE
Para las negociaciones de la ley, los integrantes de la Conferencia Parlamentaria invitaron a representantes de los tres niveles de gobierno, a empresas y cámaras empresariales del ámbito de la comunicación, también a instituciones académicas y colegios interesados en el sector, para que hicieran una serie de propuestas, algunas sin considerar la observancia de la ley o bien las repercusiones sociales de estas. Ante esto la pregunta es: ¿cuándo se le preguntó a la ciudadanía?. Por ello, los abajo firmantes, alumnos, profesores y administrativos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, nos manifestamos a favor de un estudio exhaustivo apegado a derecho y a una realidad social, de la ultima reforma promulgada en el diario oficial de la federación el 11 de abril del 2006, la cual entrara en vigor a partir del 1 de enero del 2007 que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, ya que nosotros como estudiosos de la comunicación social del país y ciudadanos mexicanos, queremos y necesitamos acceder a medios de comunicación dedicados a informar, educar y entretener, fundamentados únicamente en la veracidad, objetividad e imparcialidad de los hechos.
Por lo que consideramos necesario la elaboración de este documento que solo trata de demostrar un enfoque académico y ciudadano basado en nuestra necesidad de conocer el desarrollo y la futura resolución dada por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al escrito inicial de demanda, por acción de inconstitucionalidad, de la Ley Federal de la Radio y la Televisión, que sabemos fue enviado el día 4 de mayo del 2006, por 47 Senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso de la Unión, que contiene un exhaustivo estudio jurídico que señala una serie de violaciones a la Constitución.
A continuación, por medio de este documento, que contiene 7 puntos que consideramos importantes, hacemos de su conocimiento nuestro amplio interés por conocer la resolución que emitirá la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CONSIDERANDOS
1. Conforme a la serie de consultas a una amplia variedad de especialistas, académicos, comunicadores e instituciones, estos se pronunciaron por no aprobar dichas reformas, por considerar que se concretó uno de los mayores despojos (otro, después del FOBAPROA) a la nación mexicana del que se tenga memoria en la historia reciente, ya que contiene graves contradicciones jurídicas, condena a los demás medios públicos y comunitarios a su extinción y se legaliza la exclusión de los medios más desfavorecidos.
2. Por proteger, en exclusiva, los intereses de las empresas que controlan la telecomunicación en México, a la nueva Ley Federal de Radio y Televisión se le bautizó con el nombre de “Ley Televisa”, por lo que nace como protectora de los monopolios, violatoria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo primero señala “En los estados unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las practicas monopolicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a titulo de protección a la industria.”.
3. No toma en cuenta la pluralidad de la sociedad y menos aún, el papel que han venido desempeñando las universidades públicas, al tratar de contar con sus propios medios de comunicación, en pro de una enseñanza objetiva en la materia y exigir dentro de los medios ya existentes, que los encargados de la difusión informativa y de entretenimiento en los medios masivos, cuenten con los estudios necesarios, suficientes y avalados por un titulo universitario expedido por la Secretaria de Educación Publica.
4. La Ley de Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones no contribuyen al fortalecimiento de la integración nacional, ya que queda excluida de toda oportunidad la radio comunitaria e indígena, quedando clara la violación al articulo 1° Constitucional, en su párrafo 3° que a letra dice, “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el genero, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas ”. Estableciendo una franca barrera entre los protegidos por el gobierno Federal (Legislativo y Ejecutivo), y los marginados del sistema político-empresarial. Así mismo también se ve violado el articulo 2° Constitucional en su apartado B fracción VI, la cual señala “Extender la red de comunicación que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y paliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen”.
5. Por ello, se deben otorgar concesiones a los restantes sectores de la población, incluyendo indígenas, y sin olvidar a los alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social, en las distintas instituciones educativas del país. Inclusive, el Estado debería preocuparse por apoyar a estos últimos sectores para mitigar los costos sociales en que incurren.
6. La industria de la radio y la televisión, por lo fundamental que es en el desarrollo de la opinión pública, no solo debe contemplar en su producción, el entretenimiento, ni la información objetiva, la cual no se ve lograda gracias a la obtención de lucro, y no solo por los costos que tienen que afrontar, ya que no tiene límites de ganancia dentro de la ley, según lo establecido por la Ley Federal de Radio y televisión en el Capitulo Segundo, Tarifas, articulo 53 que a la letra dice “La Secretaria de Comunicaciones y Trasportes fijara el mínimo de las tarifas a que deberán sujetarse las difusoras comerciales en el cobro de los diversos servicios que les sean contratados para su transmisión al publico” quedando clara la violación a la Constitución en su articulo 28 párrafo 3° que a la letra dice: “Las leyes fijaran bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular así como para imponer modalidades de la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciara su organización para el manejo ciudadano de sus intereses”. También es necesario impulsar el desarrollo de la tecnología, siempre y cuando, ésta sea utilizada con prudencia y responsabilidad para así poder servir como una herramienta de propagación del conocimiento, la ciencia, el humanismo, la literatura, etc.
7. Cualquier ley relacionada en Telecomunicación debe fomentar que la ciudadanía reciba información clara, amplia, objetiva y precisa sobre los fines sociales que se persiguen en un momento de interés nacional determinado claro ejemplo de esto lo son las elecciones presidenciales, que se llevaran a cabo el próximo 2 de julio del presente año, haciendo énfasis que la Constitución en su articulo 41, fracción II párrafo 1° señala que “la ley garantizara que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicacion social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalara las reglas a las que se sujetara el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”, lamentablemente nos queda claro que la Ley de la Radio y la Televisión no garantiza que todos los partidos políticos cuenten con presencia equitativa en los medios de comunicación ya que no se cuneta son un máximo en sus tarifas si no solo con un mínimo y así la ciudadanía no tiene un equilibrio informativo que le de herramientas suficientes para tomar una decisión adecuada y así poder integrarse a la vida democrática del país y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por lo que consideramos que el Instituto Federal Electoral debe impedir los contratos que sean un negocio para las televisoras y radiodifusoras, toda vez que por ley, los medios están obligados a otorgar espacios gratuitos para que el gobierno se dirija a la ciudadanía; en su defecto, tendría que ser el IFE quien contrate esos tiempos, porque de lo contrario, las principales empresas de telecomunicación del país serán las únicas beneficiadas.
CONCLUSIONES
1. Con una amplia intervención de la ciudadanía en los medios de comunicación, ésta llegará a ser participativa, no excluyente, como se plantea hasta ahora.
2. El Ejecutivo Federal no debe asignar tales prerrogativas a los presidentes de las Cámaras ni a los detentadores de los monopolios de los medios de comunicación. La Ley al respecto debe prever la existencia de un organismo autónomo encargado de regular tal situación, que en este caso no debe ser la Cofetel.
3. No puede haber competencia donde sólo unos pocos cuentan con el capital necesario para invertir en infraestructura.
4. La Radio y la Televisión difunden al ciudadano el consumo: lo ven como consumidor antes que ciudadano.
5. Se necesitan medios de comunicación abiertos, con contenido democrático dirigido a un público participativo. Es increíble que se maneje el discurso de la necesidad de una ley de transparencia y acceso a la información publica para sustentar la democracia del país, aprobada en el 2002, y por el otro lado se apruebe una ley que solo beneficiara a unos cuantos 4 años después. La incongruencia es el reflejo de los intereses de unos cuantos, detrás de este discurso. Así como el acceso a la información, queremos acceso a la comunicación.
ATENTAMENTE: Los alumnos, padres de familia, profesores y administrativos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
